Por: Kelly Pottella
El
orden internacional contemporáneo atraviesa una metamorfosis donde la soberanía
de los Estados ha dejado de ser un atributo absoluto para convertirse en una
facultad evaluada bajo la viabilidad jurídica y financiera ante las potencias
globales. La situación actual de la República Bolivariana de Venezuela, marcada
por la agresión judicial y política de los Estados Unidos de Norteamérica, no
debe leerse solo como una acción contra individuos, sino como una ofensiva
ontológica contra nuestra Nación, cuyo carácter es irrevocablemente libre,
soberano e independiente. De acuerdo con nuestra Constitución, la independencia
y la soberanía son derechos irrenunciables, pero hoy esa soberanía se defiende
mediante un blindaje sistémico en un escenario de asfixia que ha causado un
dolor profundo en el tejido social venezolano; la agresión externa no es solo
diplomática, es una herida abierta en la cotidianidad de un pueblo que ha visto
su calidad de vida desafiada en el altar de la geopolítica.
En
este contexto de asedio, el papel de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy
Rodríguez, emerge como el eje fundamental de la arquitectura de blindaje del
Estado. Frente a la agresión de los Estados Unidos de Norteamérica, la
conducción de Rodríguez ha garantizado la continuidad institucional mediante el
ejercicio riguroso de la jefatura del Estado bajo el precepto constitucional de
la falta temporal del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro. Esta gestión
no es un simple trámite administrativo; es una defensa técnica y política de
alto nivel que evita la acefalía del poder y mantiene la validez de la
República ante un mundo que intenta desconocer nuestra autonomía. Su liderazgo
ha sido la pieza clave para navegar una realidad donde las decisiones estratégicas
deben proteger el hilo constitucional mientras se enfrentan a la intervención
unilateral y a jurisdicciones extraterritoriales que vulneran el Derecho
Internacional, tales como la inmunidad soberana y la igualdad entre Estados.
Debemos
hablar con la verdad por dura que sea: en términos jurídicos, el estatus actual
de Nicolás Maduro como Presidente Constitucional se define como una falta
temporal legalmente protegida, y su regreso inmediato al ejercicio de sus
funciones está intrínsecamente supeditado a la resolución del asedio judicial
externo y a una estrategia de Estado que desarticule la persecución foránea.
Mientras estas condiciones de fuerza mayor persistan, la conducción de Delcy
Rodríguez representa la estructura real de poder que dialoga con el mundo y
asegura que Venezuela no sea tratada como un territorio en disputa, sino como
una nación con unidad de mando y legalidad vigente. Este esfuerzo se ve
fortalecido por el respaldo del Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien ha cerrado filas en torno a
esta institucionalidad, comprendiendo que la cohesión interna es la única
garantía de supervivencia frente a los ataques que buscan fragmentar la paz
territorial para liquidar nuestros activos nacionales.
La
realidad económica es el frente de batalla donde la gestión de Rodríguez
también busca resultados operativos definitivos. La propuesta de nuevos códigos
nacionales y la meta de atraer 100.000 millones de dólares en inversión se
plantean bajo condiciones de estricto respeto soberano, aprovechando que el
pragmatismo de Donald Trump —presionado por sus propios problemas internos y la
necesidad urgente de recursos energéticos para frenar la inflación en su país—
lo obliga a mirar hacia Venezuela con necesidad estratégica. Los Estados Unidos
de Norteamérica nos necesitan tanto como nosotros necesitamos estabilidad; el
pragmatismo empresarial de Trump ve en la solidez institucional que hoy
proyecta el Ejecutivo venezolano al único interlocutor válido que controla el
territorio y el recurso.
En
última instancia, la sostenibilidad del modelo venezolano frente a la
intervención unilateral reside en la resiliencia de su arquitectura
institucional. La verdadera victoria para Venezuela será emerger de esta
tormenta con la estructura del Estado intacta y una paz social conquistada,
recordando que la unidad de nuestra gente y el respeto a nuestra condición de
Nación libre, bajo la conducción firme de sus instituciones y el resguardo de
la investidura del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, son los únicos
activos que ninguna potencia extranjera podrá jamás administrar ni quebrantar.
Excelente y brillante articulo
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